Después de 13 horas de debate, el presidente de la Generalitat, José Montilla, ha acordado con el líder de CiU, Artur Mas, convocar una cumbre del Acuerdo Estratégico, con todos los partidos y agentes sociales, para llegar a un "pacto catalán" sobre reformas estructurales anticrisis, que Montilla ha aceptado defender "juntos" en España.

A veintitrés cuatro horas de la reunión del Gobierno con los partidos para consensuar estrategias anticrisis, Montilla ha tendido la mano a la oposición para conseguir una vía catalana que señale en España la necesidad de reformas económicas. Este ha sido el acuerdo de mínimos que se ha alcanzado en el pleno monográfico que se ha celebrado este miércoles en el Parlament y al que se han sumado el resto de grupos parlamentarios.

CiU ha lanzado un conjunto de propuestas centradas en cinco puntos y, excepto dos, el resto han sido rechazadas por el tripartito. El primero de los puntos es un acuerdo para hacer un frente común en el Congreso para la moderación fiscal a partir de julio de 2010, así como una reforma en profundidad del sistema de relaciones laborales, reconducir el debate de las pensions en el pacto de Toledo e impulsar reformas estructurales para la competitividad.

La federación también ha propuesto sin éxito las multiplicación de un sistema de créditos y avales públicos para Pymes, elaborar un plan de austeridad de la administración pública catalana, una reforma del Servicio de Ocupación de Cataluña para abrirlo a la participación de entidades privadas y un paquete de medidas dirigidas al mercado de la vivienda, entre otras.

El PP, que ha apoyado casi todas las propuestas hechas por CiU, ha presentado un conjunto de propuestas que, excepto una, han sido rechazadas por el tripartito. Entre otras cuestiones, han pedido la reducción de la presión fiscal y la contención del gasto de la Administración. Tampoco han visto la luz las propuestas presentadas por el Grupo Mixto, que ha visto cómo eran rechazadas todas con los votos del tripartito.

El tripartito ha utilizado su mayoría para aprobar un compromiso genérico para reducir el plazo de pago de las administraciones públicas. Finalmente este plazo ha quedado establecido en los 60 días - actualmente la morosidad de la administración catalana se sitúa en 89 -. CiU pedía que el pago se demorara como mucho a 30 días, y someterá este jueves a votación una proposición de ley en este sentido que, salvo sorpresas de última hora, será rechazada por el tripartito, que está decidido a mantener su enmienda a la totalidad.