En Catalunya y en España en su conjunto muchos empresarios consideran que un empleado de 55 años les estorba más de lo que les sirve y que les sale mucho más a cuenta contratar a jóvenes inexpertos y mal pagados para sustituirlos. Y como pueden y las leyes se lo permiten, se los sacan de encima siempre que quieren. Y así nos encontramos con que cientos de miles de trabajadores están en el paro desde 10 años antes de la fecha prevista de jubilación.

Como mucho, estos viejos de 55 años pueden contar con dos años de prestación por desempleo, una prestación que, en el mejor de los casos y según si han estado cotizando la tarifa máxima y los hijos que se tengan, alcanza los 1.200 euros al mes, pero que, de media, no supera los 700 euros y no se alarga ni mucho menos durante dos años. Todo parece soportable hasta que se deja de cobrar esta prestación. Con un poco de suerte –y ya es sarcasmo hablar de suerte en una situación como ésta– el Gobierno puede haberse inventado una de estas prestaciones de 400 y pico de euros mensuales de la cual se podrá beneficiar a lo largo de medio año. Pero y después, qué?

Después, un largo calvario de años y años esperando que llegue la jubilación. Sabiendo que de los organismos oficiales encargados de luchar contra el desempleo no llegará ninguna oferta de trabajo y que el desmoralizador recorrido particular presentando currículos sólo servirá para aumentar la depresión y el hundimiento. Un largo itinerario que, en muchos casos, conlleva graves problemas personales de todo tipo que afectan al parado y a todo su entorno familiar y de amigos y que son graves dramas humanos.

De repente, esos miles de parados que no cobran el paro y que no tienen ninguna esperanza de encontrar trabajo, es decir, de poder llevar un mínimo de dinero a casa, se encuentran con que un gobierno socialista se plantea la posibilidad de alargar la edad de jubilación hasta los 67 años. Si no lo hacemos así, dicen nuestros gobernantes, dentro de unos años, la caja de la Seguridad Social no podrá hacer frente al pago de las pensiones. Quizá sí que es verdad que habrá menos dinero. Pero no es menos cierto que puede haber otras fórmulas que lo eviten o que ralenticen este proceso de vaciado de la caja. Lo que sí es cierto, y parece que no le importa ni al Gobierno ni a la oposición ni a los empresarios, es que miles de trabajadores sin ingresos ven como se retrasa su edad de jubilación y, a la vez, ven como su dramática situación personal resulta aún más oscura.

Ni nuestros gobernantes ni la oposición tienen nada que decir al hecho de, que mientras miles de hombres malviven años y años sin poder llevar un euro a casa, haya un buen puñado de personajes que, por haber sido un mínimo de tiempo diputado, tengan garantizada la pensión máxima de jubilación, y que muchos de los que han ocupado cargos en los gobiernos central y autonómicos dispongan de una pensión que supera con mucho la máxima. Nos dicen que, el dinero no sobra en las administraciones públicas, pero aquellos que nos movemos por el mundo del periodismo y los mismos políticos podríamos hacer una lista muy larga de gastos inútiles y, a veces, insultantes. Desde la reducción de 400 euros en el IRPF inventada por Zapatero con claros objetivos electoralistas, a los más de dos millones de euros que Aznar hizo gastar a su Gobierno para intentar que Estados Unidos le concedieran una medalla, pasando por el encargo de informes inútiles a amigos y conocidos, práctica llevada a cabo por el actual Gobierno catalán siguiendo el ejemplo que antes le habían marcado los ejecutivos de Jordi Pujol. La lista puede ser mucho más larga y ya les aseguro que, en un momento determinado, habrá alguien que dirá que esto es el chocolate del loro. Lo que pasa es que al loro ya le sale el chocolate por todas partes.

El Gobierno también ha planteado, ahora sí, después no y más adelante quizás sí, quizás no, la conveniencia de ampliar de 15 a 25 años el período de años para calcular el importe de las pensiones. Como imaginación no les falta, argumentan que lo hacen para beneficiar a los trabajadores que llegan a la edad de jubilación habiendo estado los cuatro o cinco últimos años laborales en el paro y sin cotizar. Calculando la jubilación en base a los últimos 25 años trabajados, este problema quedaría relativamente corregido, dicen. Lo que callan e intentan que la gente no se fije en ello es que, para aquellos que han trabajado los últimos 15 años de su vida laboral, pasar de calcular por este período a hacerlo por 25 años comportará, para la gran mayoría de ellos, una reducción de la pensión a percibir, ya que habitualmente los mejores sueldos llegan en la última etapa de la vida laboral.

Si de verdad se quiere ayudar a los que llegan a la jubilación desde el paro, lo que se podría hacer es calcular su pensión en base a los últimos 15 años trabajados realmente dejando de lado si posteriormente han estado en el paro y no han cotizado. Pero lo que hay detrás de esta propuesta es que, si se aplica el cálculo de los 25 años, las pensiones bajarán para la gran mayoría de los nuevos pensionistas, con el consiguiente ahorro para las arcas de la Seguridad Social. Y eso es lo que realmente les importa.

Visto este panorama, no resulta nada extraño que la patronal, crecida, acabe de hacer una propuesta salvaje para los menores de 30 años. Consiste en un contrato de seis meses con posibilidad de ampliarse a 12 meses más, como mucho. El despido y la finalización de contrato no comportarían ninguna indemnización para el trabajador que, según la propuesta, cobraría mensualmente un poco menos del salario mínimo. Los empresarios planteaban también que estos contratos no coticen a la Seguridad Social. En la radio explicaban que uno de los promotores de la idea aseguraba que serían "generosos" con la aplicación de este contrato. Parece que, tras el revuelo inicial, han hecho algún matiz a la propuesta, pero ésta ya había sido lanzada a la calle. A la espera, quizá, de que a alguien del Gobierno, le parezca interesante.