La Comisión de Trabajo e Inmigración del Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves, con los votos a favor del PSOE y las abstenciones de CiU y PNV, frente al rechazo de PP, ERC-IU-ICV y BNG, el dictamen del proyecto de ley de reforma laboral, tras incorporar una serie de enmiendas que concretan las causas económicas para el despido objetivo, de 20 días de indemnización, que podrá justificarse por pérdidas reales o por previsión de pérdidas futuras, o incluso la disminución relevante de ingresos (pero no de beneficios). Siempre que estas causas impliquen riesgo para la viabilidad de la empresa o el mantenimiento de los puestos de trabajo, según la última enmienda pactada este mismo jueves entre el PSOE y el PNV.

La reforma se ha aprobado finalmente gracias a la abstención de CiU y PNV, que echan un último o penúltimo cable al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero antes de la decisiva votación de los Presupuestos Generales del Estado del año que viene. CiU ya ha dejado claro en múltiples ocasiones que no votará las cuentas, mientras que el PNV ha dejado igual de claro que será más duro en la negociación con el PSOE que otros años. ICV-EUiA, ERC y otros grupos minoritarios de izquierda, por su parte, han rechazado la reforma laboral, así como tampoco parece probable que apoyen los Presupuestos. El Diputado de IU, Gaspar Llamazares ha justificado su rechazo a la propuesta de reforma laboral en que esta “facilita el despido, lo abarata, mantiene la precariedad laboral y debilita la negociación colectiva”.

El PSOE pactó treinta y tres enmiendas con el resto de grupos y perdió dos votaciones, aunque el balance de toda la oposición fue muy negativo sobre el texto que ahora se remite al Senado, donde se debatirá en la semana del 23 de agosto, con vistas a que, si se introducen enmiendas, regrese a la Cámara Baja para ser votado en Pleno el 9 de septiembre. Justo 20 días antes de la convocatoria de huelga general, convocada precisamente para protestar contra la reforma laboral.

Las nuevas causas económicas
El punto fundamental de la reforma laboral es el que suaviza las condiciones que tiene que cumplir una empresa para acogerse al despido objetivo por causas económicas, con 20 días de indemnización, que, aunque incluye los supuestos de existencia de pérdidas "actuales o previstas" y una disminución "persistente" de ingresos, los condiciona a que "puedan afectar a su viabilidad o a su capacidad de mantener el volumen de empleo". Asimismo, elimina la alusión a la "falta de liquidez". El texto aprobado señala además que la empresa tendrá que acreditar los resultados alegados y justificar que de los mismos se deduce la "razonabilidad" de la decisión extintiva para "preservar o favorecer" su posición competitiva en el mercado.

Reducir un 25% el absentismo por enfermedad
Asimismo, el Congreso refuerza el papel de los inspectores de la Seguridad Social en los procesos de incapacidad temporal, de manera que podrán emitir un alta médica de forma más rápida que la de los médicos de las mutuas, y serán los únicos competentes, "a través de sus propios médicos", para emitir una nueva baja médica si la situación se produce en un plazo de ciento ochenta días siguientes y deriva de la misma o similar patología. El objeto de esta medida es "evitar una prolongación innecesaria de las bajas" y, según adelantaron fuentes socialistas a Europa Press, contribuirá a reducir en un 25% el absentismo de las empresas.

Además, se modifican las condiciones que justifican el despido por motivos de absentismo laboral, que la ley mantiene en un límite del 20% de las jornadas hábiles durante dos meses consecutivos, o el 25% a lo largo de cuatro meses discontinuos dentro de un periodo de un año, aunque rebaja el umbral con el que se calcula en relación con la media de la plantilla, que los socialistas plantean rebajar ahora del 5% al 2,5%.