El nuevo Código de consumo va a traer de cabeza a nuestros políticos durante la campaña electoral. Lo que podría ser una ley de consenso, útil y necesaria, para el ciudadano, que quiere salvaguardarse de los abusos que a diario se cometen contra su persona consumidora, va a resultar, al final, una pelea identitaria que podría acabar en el Constitucional, dado el interés del Partido Popular por enfatizar las rotulaciones en catalán, de obligado cumplimiento con multas muy exageradas, en lugar de analizar si el articulado, defiende o no, los intereses económicos de sus votantes ante los posibles abusos de las distintas administraciones o de las empresas. Un procedimiento abreviado de consulta previa nos habría evitado ahora el sonrojo de asistir a una nueva guerra mediática innecesaria y cansina, que suena demasiado a oportunismo electoral y poco a sentido común. Erigirse a sí mismos en los campeones del españolismo mas rancio debe ser rentable para los de Alicia Sánchez Camacho, porque sino no se explica ese desmedido afán en constitucionalizar tanto la vida política catalana. Ya lo veremos cuando hablen las urnas.