En la crisis actual el gobierno de turno, sea de aquí o de allá, se ensaña con los empleados públicos. Les reduce y congela sueldos, les recorta derechos laborales, no repone las plazas de los que se jubilan, prescinde de interinos y eventuales… los tiene, más que indignados, cabreados. Imposible que estas condiciones y estado de ánimo no repercutan negativamente en la calidad y cantidad de los servicios públicos que recibe la población.

Los gobiernos aprietan las clavijas a los que tienen más a mano y que, además, están sometidos a un estricto régimen disciplinario. Los gobiernos actúan como una empresa mal gestionada que quiere reducir gastos de personal, pero tienen aún menos legitimidad que la empresa privada, porque los empleados públicos no pertenecen a la plantilla de un gobierno empresario: son un componente esencial del Estado en todos sus niveles, central, autonómico y local, y son servidores no del gobierno sino de la sociedad.

En el fondo, esta práctica de los gobiernos es una manifestación más de la armonización neoliberal, impuesta por los mercados y acatada por los gobiernos, en vigor en toda Europa con más o menos intensidad. El resultado de tal práctica, además de incrementar el paro y reducir el consumo, es que el Estado se encoge. Hay, pues, menos Estado material y menos Estado de bienestar.

Desde tiempo atrás –recordad las irónicas críticas de Mariano José de Larra en “Vuelva usted mañana”- se ha caricaturizado al funcionario como el empleado de ventanilla, hoy de mostrador o mesa, que sin embargo realiza una función necesaria, queriendo hacer olvidar que también son empleados públicos, mujeres y hombres, entre otros muchos servidores imprescindibles, los maestros, profesores, médicos, enfermeros, asistentes sociales, jueces, inspectores de hacienda, guardas forestales, bomberos, policías…

La medida que el gobierno de Mariano Rajoy acaba de adoptar por decreto de congelar la reposición de los funcionarios, salvo un exiguo 10% en determinados cuerpos y servicios, hará que por jubilación el sector público pierda cerca de 300.000 efectivos a lo largo de los próximos tres años y otros 300.000 en el horizonte de seis o siete años, cosa que representará una pérdida de más del 20% del total de empleados públicos de España, que es uno de los más bajos de la UE-15.

Encima, parece que para la derecha empresarial todavía no basta con esta sangría. Joan Rosell, presidente de la CEOE, ha propuesto hacer un ERO en el sector público, especialmente en el autonómico, que, según él, debería afectar unos 500.000 empleados públicos.

Sabíamos que el Estado estorba a muchos, que se afanan por conseguir su encogimiento, sobre todo ahora cuando, inmersos como estamos en la gran crisis, es más necesario que nunca. La única sorpresa, si se puede decir que ha habido alguna, es que se hayan descarado tan deprisa, sin manías y (de momento) con tanta impunidad social.