"Ocupamos simbólicamente la Oficina de Vivienda de Ciutat Vella porque pensamos que los derechos no se pueden sortear, maltratar ni vulnerar y eso es precisamente lo que se hace en estas oficinas:  se vulnera sistemáticamente el derecho a la vivienda". Con esta consigna los miembros de la Asamblea por el derecho a la vivienda hicieron ayer una acción de ocupación en la Oficina de Vivienda de Ciutat Vella, donde se tramitan las inscripciones por los pisos de protección oficial.

"Llevamos desde mayo de 2006 convocando diferentes manifestaciones y actos en defensa del derecho a la vivienda. En estos tres años la única cosa que ha cambiado ha sido el discurso oficial, han hecho propaganda, pero no ha habido ningún cambio, ninguna medida estructural que realmente haya cambiado la situación de acceso a la vivienda. Al contrario, ha empeorado, en vez de ayudar a los inquilinos lo que se está haciendo es promulgar decretos como el de desahucio express y van dando oxígeno a los culpables de la crisis: las financieras y los promotores", explicó Paco, miembro del colectivo convocante, una vez acabada la acción.

El manifiesto que él mismo leyó ayer denunciaba que lo que tendría que ser un derecho como el acceso a un piso social no sólo depende de un sorteo sino que es más accesible para aquellos que tienen más dinero y se decantan por la compra. "Los pisos de precio concertado son los que la Administración venderá por cuenta de los promotores que no han podido colocar su stock", dicen desde el colectivo.

Los manifestantes también protestaron por el precio de los pisos de alquiler, que "no está vinculado a los salarios: un piso de 30 metros cuadrados supera los 300 euros de renta mensual, es decir, el 50% del salario mínimo interprofesional".

Por todo eso convocaron una manifestación este domingo 5 de julio a las 5 de la tarde en Plaza Cataluña.

200 pisos para 11.000 solicitantes

La Oficina de Vivienda depende del Consorcio de la Vivienda de Barcelona, conformado por el Ayuntamiento, la Generalitat y el Ministerio de Vivienda. Desde febrero, aglutina un listado de recursos dirigidos a la búsqueda de vivienda y un registro de solicitantes de pisos de protección oficial, que una vez apuntados entran en un sorteo para acceder en una vivienda.

Para darse de alta en el registro de demandantes, los vecinos tienen que cumplir una serie de requisitos, como estar empadronados en Barcelona y no ganar más de unos 30.000 euros al año. Desgraciadamente, alcanzar estos requisitos no es en absoluto difícil para la mayoría de la población: más de la mitad de los inscritos son jóvenes de 23 a 35 años que no cobran más de 23.000 euros por año.

Este mes toca sorteo para adjudicar pisos. Los 11.000 apuntados en el registro cruzarán dedos para que les toque una de las 199 viviendas con las que el azar les puede premiar.