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25/06/2012 01:29
¿El caso Prat-Manté es un hecho aislado o generalizado?
Sin título
La conselleria de Salud, amparada con dinero público
Alfons Quintà
Por parte de la Conselleria de Salud hay, desde tiempo inmemorial, una política de subvenciones y ayudas a diestro y siniestro, así como de confusos convenios, muy bien pagados con dinero público, que pueden constituir un serio y amplio problema, si el tema llega a ser sometido a consideración judicial. Esto empieza a ser posible por primera vez. El admirado profesor Thomas Kuhn diría que aquellos contratos han representado un cambio de paradigma sanitario catalán. Ya sería hora.

En el caso –posible, pero no seguro– de que siempre se hubieran cumplido los requisitos jurídicos formales, lo que está claro es que este tema ofrece un marco de reducción de costes espectacular. No afectaría a la asistencia sanitaria, como es obvio. Además, podría hacer desaparecer "agradecimientos" (por decirlo así) por parte de sectores profesionales, no solamente empresariales, que sabían que tenían el deber de ser más críticos con la conselleria de Salud y no lo han sido.

Sabían que la actual Generalitat estaba y está destrozando a una sanidad buena y barata, para sustituirla por una cara y mala. Esto pasaba por la marginación, el maltrato y la penuria de compañeros suyos, en particular los más honestos, los únicamente profesionales. Pero han callado. Todo ello ahora tendría que causar un rechazo cívico muy grande, debido a que podría mostrar problemas muy arraigados y de consecuencias graves para todos. En un momento en el que un euro por receta representa un problema para muchas personas, se expondrán temas que van de muchos millones de euros, perfectamente ahorrables.

Mejorar la sanidad gastando menos
Incluso se puede argumentar que, por el solo hecho de ahorrarlos, mejoraría automáticamente la sanidad, afectada por males de origen clánico y de control del poder político y social. Se puede mejorar la sanidad sin recortar las prestaciones, sin satanizar a los médicos ni al personal sanitario. Pero, en cambio, toda mejora implica explicar y hacer entender cuáles son los intereses y los objetivos reales y concretos del actual poder político dominante.

Un análisis cuidadoso permitirá aclarar si billetes de banco se convertían en vendas en los ojos. De lo contrario, ¿cómo se puede entender que sectores y grupos profesionales no hubieran hecho sonar la alarma en relación a temas que ahora salen a la luz? Yo nunca estudié para ser un Sherlock Holmes, ni tengo vocación. Todo son presunciones. Pero muy crecientes, día a día. Las bocas calladas son sustituidas por las que se abren. Gracias.

¿Contratos excepcionales o habituales?
El pasado jueves este diario digital publicó contratos firmados entre el inefable Josep Prat (antes y ahora, siempre con CiU, jefe supremo de los dos entes más ricos y clave de la conselleria de Salud) con Carles Manté. Este último, en tiempo del Tripartito, tuvo un poder comparable al de Prat, de quien es buen amigo, al ocupar altas responsabilidades. Ambos, Prat y Manté, fueron directores generales, uno con CiU y el otro con el Tripartito, del Servei Català de Salut, económicamente crucial, determinado, madre de los huevos que pone una gallina –nuestros impuestos– que tendría que ser de todos.

Fuentes muy responsables han declarado que aquellos contratos –que Prat firmó en nombre del holding público municipal Innova– podrían ser comparados con una política más general de la conselleria. Ésta podría beneficiar a personas que había dejado un cargo público para ir a la privada concertada, o a una institución médica que, de hecho, podía no necesitarlos o no podía pagarlos. Ahora bien, si recibía una ayuda o una subvención la cosa podía llegar a cambiar. Para intentar probarlo del todo, habrá que cruzar muchos datos para poder intentar poner nombres y apellidos. De momento, hay claros indicios.

Otro aspecto, ya indicado y a desarrollar con detalle, son las ayudas a entidades empresariales, asociaciones y sindicatos. Hay un montón. También hay imprecisiones respeto a que los objetivos indicados administrativamente por aquellas ayudas o convenios se llevaran a cabo, o fueran necesarios. Una vez más aparece aquello de la "formación", de los cursos, de los actos, de las campañas, de las "acciones conjuntas" y 'tutti quanti'. Algunos temas tienen apariencia de ruedas de molino, de mal tragar.

Para tener un marco de referencia es capital que la fiscalía de Reus y la del Tribunal de Cuentas del Estado, a los cuales ha tenido el acierto de acudir el ayuntamiento de aquella ciudad (el primero en hacerlo fue la CUP) actúen con la máxima celeridad que se lo permitan los escasos medios a que los condenan todos los ejecutivos, donde, mira por dónde, a veces hay posibles judicables.

Una fuente que conoce a Prat y que no lo aprecia nada me dijo, irónicamente: "Pobre Prat, quizás no puede entender que se encuentre escandaloso y objeto de consideración judicial unos contratos que presuntamente él puede creer que se pueden dar a menudo en la sanidad catalana". Hace falta, en efecto, saber si se trata de una práctica inmanente y continuada, algo que tendría una clara tipificación jurídica, o bien son hechos aislados. Por eso hay tantas reticencias respecto a crear una comisión investigadora sobre Sanidad en el Parlamento catalán. Habrá que tener presente la actitud que adopte cada opción política y recordarla con ocasión de cualquier elección.

La fuente añade que si Prat puede tener aquel sentimiento, también lo pueden tener, con igual motivo, en la conselleria de Salud. Por ahora no lo hay ninguna señal que la Generalitat piense en un cortafuegos. Vive en la luna de Boston, Massachusetts. Es un elemento que el poder judicial tiene que contemplar. Éste tiene la posibilidad de analizar casos concretos, del pasado y del presente, entrando en expedientes, cruzando datos y movimientos de personal, así como constatar si los objetivos anunciados en los procedimientos correspondían a la realidad y tienen justificación administrativa, inicial y final, sin olvidar ni siquiera las ayudas aparentemente banales.

Subvenciones y ayudas a chorro
En todo caso, felicidades (sea dicho 'animus iocandi', es decir, de broma) a la Coordinadora de Usuarios de Sanidad por haber recibido, como mínimo en 2011, una ayuda de 82.322 euros. A la Fundación Galatea (tan ligada al Colegio de Médicos de Barcelona), 1.266.765 euros. A la Fundación de Atención Primaria (FAP) y la Sociedad Catalana de Medicina Familiar y Comunitaria (CAMFIC), tres pagos conjuntos de 210.000, 203.000 y 130.000 euros. A la Fundación Avedis Donabedian, 155.000 euros. A la Fundación Privada Academia de Ciencias Médicas y de la Salud de Catalunya y Baleares, 240.000 euros. A la UGT, 76.500 euros y a Comisiones Obreras, lo mismo (en esto hay más equidad que en la sanidad pública). A la Fundación de Enfermería Catalana, 76.500 euros. A la Fundación Privada Sida-Caixa, dos pagos, uno de 531.000 euros y el otro, de 132.833 euros. A la Fundació Catalana de l'Esplai, 140.320 euros y, para resumir (hay mucho más), 10.712 euros a cada una de las tres entidades siguientes: Escoltes Catalanss y Fundació Escolta Josep Carol, Npi Escoltes i Guies Sant Jordi de Catalunya, así como al Movimiento Laico y Progresista. Las ayudas indicadas, nada exhaustivas, son de 2011.

¿Recortes practicados por benefactores?
Hay una pregunta obvia: ¿cómo es que políticos que no pueden ignorar el mal social general que causan con sus recortes interesados después tengan un corazón tan grande que les lleve a ayudar benévolamente a entidades profesionales, cívicas o sindicales? En psiquiatría y a nivel individual puede haber bipolaridad. Pero en política y en "la pela" (su tema) lo que se puede producir es cinismo y la necesidad de proteger el propio poder de enemigos potenciales. ¿Hay algo de de esto, tan elemental, en la base o el origen de muchas ayudas? Todo el mundo puede usar su ciencia, su conciencia y su experiencia para responder.

Ciertamente está la presunción de inocencia, un bien jurídico a preservar. Pero también está el concepto de defensa social. En particular, en un tema tan grave, en el cual todo indica que se ha falseado la verdad, con finalidades partidistas, clánicas y quizás contrarias a derechos constitucionales.

Hay que exponer algunos peculiares procedimientos administrativos de la Generalitat. Lo hago teniendo en las manos y –distribuido en depósitos seguros, incluso fuera de España– documentación concreta, firmada y datada, relativa a actuaciones concretas.  Hago un uso limitado de ella, inicial, después de asegurarme en los órdenes procedentes.

Primero se redacta y se firma un "convenio marco", por ejemplo "para llevar a cabo acciones conjuntas para el análisis y evaluación de los servicios sanitarios". Ay caramba, ¿resulta que no había o no hay personal en la conselleria para llevar a cabo esta función inherente a todas las administraciones serias? ¿No tienen nada que hacer muchos funcionarios cualificados y hoy salarialmente recortados, así como hoy justamente desesperados por la incapacidad de los políticos, desde Boi Ruiz al último, pasando por el hombre de la sombra, Germà Gordó, y otra sombra expuesta ahora a la luz, Josep Prat? Se margina a estos funcionarios y se da trabajo a entes que ya se empiezan a conocer bien, algunos de los cuales –la sanidad privada concertada– no en el mejor sentido de la palabra.

Pagos a velocidad de la luz
El texto de un "convenio marco" que tengo en la mano y bien guardado hace llorar por su vacío. Dice de todo, es decir nada. Podría permitir subvencionar el efecto del vuelo de las golondrinas sobre la salud. Pero que nadie padezca. Fue desarrollado, como en principio todos, por un "convenio específico de colaboración" con la finalidad, ay, de "llevar a cabo acciones conjuntas para el análisis y evaluación del servicios del sector sanitario". ¿La frase le suena al lector? Seguro: es literalmente la del párrafo precedente. Entonces era parte del título del "contratomarco", que era tan inespecífico como el posterior, calificado de "específico". Vaya, que cabe de todo. Los dos títulos de los dos contratos de hecho se pueden superponer del todo. Uno es "convenio marco " y el otro "específico".

Entre los dos convenios ya hubo, según consta documentalmente (en un documento también bien guardado) una "propuesta de convenio" (específico) de la propia conselleria, del cual la precisión más importante es el importe que cobrará la afortunada patronal: 102.000 euros, es decir 16.932.000 pesetas. El resto de datos son mínimos, insignificantes, microscópicos, con muchos apartados sin ni llenar.

El logro de los "objetivos fijados en el mencionado convenio, con plena satisfacción de aquello estipulado en sus cláusulas" (que eran tan etéreas como los contratos de Prat enviados a dos fiscalías por el ayuntamiento de Reus) es aceptado por escrito, y firmado por la Secretaria General de la conselleria de Salud, Roser Fernández, a la velocidad de la luz, en 41 días.

En el mismo día de la aceptación es efectuado y llevado a cabo el pago a la afortunada patronal, con un cheque-transferencia (del cual los últimos dígitos de la cuenta son 33614) a treinta días, según acusa conformidad la propia patronal, siempre el mismo día. La aceptación también está firmada por Roser Fernández, numero dos de la conselleria de Salud.

Felicidades (siempre 'animus iocandi') a la patronal sanitaria. No todos los que contratan o son ayudados por la Generalitat tienen tanta suerte. La patronal de referencia, que disfruta de una sede digna de las minas del Rey Salomon tiene, por ahora, una suerte excepcional.

Ya hay muchos que lo saben todo
En un marco de desbarajuste administrativo, o de gran confianza entre las partes del convenio, la misma Roser Fernández certifica la conformidad en la aceptación y ordena el pago con una certificación (con la frase "se puede proceder al pago de la mencionada cantidad"), con fecha de CINCO DÍAS después de que ya hubiera procedido (y fuera aceptado por la patronal beneficiada) el pago. No hay problema en que defectos formales los lleven a pleito alguno. Las partes se entienden muy bien desde siempre. La sanidad catalana siempre ha sido de pago público, con predominio y beneficio privado, poco o nada controlado. Todos el sistema de contratación ha sido de una gran continuidad, como un día se expondrá. La estructura del sistema ha digerido todas las superestructuras políticas. Por lo tanto, dado que la Generalitat no hace nada, hay que invocar al poder legislativo y el judicial. En las democracias las disfunciones se resuelven así. No hacerlo de este modo resulta peligroso para la propia democracia.

Pero puede no pasar nada. El hígado de los responsables lo aguanta todo. Veremos los criterios de los entes judiciales, cada vez más necesarios respecto a la sanidad catalana. También veremos si la memoria de los votantes –finalmente decisivos en una democracia– también pesará. En cuanto a la posible comisión parlamentaria, hay que recordar la vieja canción de Doris Day en 'El hombre que sabía demasiado', de Alfred Hitchcock: "Qué será, será". Vale la pena ser prudente, cuidadoso y realista, porque estamos en un momento, me dicen algunos, que puede llevar a recordar la aventura fallida dicha de los "Mortadelos", un intento más o menos policial o parapolicial catalán de ir quizás más lejos de lo que la ley y la prudencia aconsejan. En todo caso, los que "sabemos demasiado" ya somos muchos, somos desconfiados y estamos muy atentos.
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