Las administraciones, entidades y empresas públicas podrán hacer expedientes de regulación de empleo (ERE) si su presupuesto o las transferencias que reciben bajan un 10% respecto al año anterior. En la reforma laboral, el Gobierno español establecía que el sector público podía hacer despidos colectivos en caso de "insuficiencia presupuestaria", y ahora ha concretado este supuesto en un reglamento de ERE.

La medida permitirá los expedientes por causas objetivas, con una indemnización de 20 días por año trabajado con un tope de 12 mensualidades, tal como establece la última reforma laboral. Y afecta a todas las administraciones públicas así como entes y empresas con más de un 50% del capital público.

La norma excluye a los funcionarios, que han superado unas oposiciones. Los que se podrán despedir son los que están regulados por el régimen general de los trabajadores: el personal laboral, que representan aproximadamente el 20% de los empleados públicos, y los trabajadores de las empresas consideradas públicas. El personal laboral son unos 700.000 trabajadores contando todas las administraciones del Estado, mientras los funcionarios son unos tres millones.