Centenares de ayuntamientos catalanes estarían financiando con dinero público actos destinados a apoyar tanto la consulta soberanista como el camino hacia la independencia. Lo hacen a través de la cuota establecida para poder formar parte de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), una plataforma creada en 2011 para dar mayor impulso social a las reivindicaciones independentistas a través de iniciativas como la insumisión fiscal o, por ejemplo, el bautizado como Concierto por la Libertad que se celebrará el día 29 de junio en el Camp Nou y en el cual actuarán desde Lluís Llach a Dyango o Paco Ibáñez. Un acto en el cual la AMI figura como organizadora.

Hasta 668 municipios de los 947 que tiene en total Cataluña ya se han adherido, por mayoría absoluta en sus plenos, a la AMI, la cual incluye en sus estatutos la recaudación por parte de los socios de «al menos» una cuota anual pactada y de obligado pago para «sostener económicamente a la asociación» y el montante total de la cual va en proporción de la población empadronada en cada uno de los municipios. Así, los ayuntamientos de menos habitantes abonan varios centenares de euros al proyecto, mientras que los de mayor tamaño como Vic (Barcelona) o Girona verían esta cifra elevada hasta los miles de euros.

Este es el caso de Vic -su alcalde, Josep Maria Vila de Abadal, es fundador de la AMI-, la junta de la cual de gobierno aprobó pagar hasta 3.600 euros a la plataforma independentista. Una inversión de dinero público que, según confirmaron ayer fuentes de la Delegación del Gobierno, ya está en manos de la Abogacía del Estado para que esta valore si el municipio estaría vulnerando sus competencias al utilizar fondos públicos para finalidades que trascienden del interés de sus vecinos y se destinan a iniciativas ideológicas. En este caso, la Abogacía asesoraría a la delegada, Llanos de Luna, sobre cómo proceder para frenar la iniciativa y sancionar o llevar a juicio a los responsables de la vulneración.

La ofensiva de la Delegación contra los municipios que estarían sosteniendo económicamente a la AMI y las iniciativas que esta organiza no se queda aquí. Según avanzó el diario ABC, la propia Llanos +de Luna envió un requerimiento escrito a la alcaldesa de Begues, Mercè Esteve (CiU), reclamándole información sobre el pago de cuotas con dinero público a la plataforma y que se traducirían en el ingreso de unos 745 euros anuales. El escrito exige a Esteve que traslade en el plazo de 20 días toda la información sobre el pleno en el cual se aprobó una medida que, como en el caso de Vic, podría vulnerar la jurisprudencia existente sobre competencias locales.

El documento enviado desde la Delegación del Gobierno recuerda que un informe de la Abogacía del Estado recoge dos sentencias redactadas por el Tribunal Supremo (TS) en 2006 en las cuales se constata que los organismos municipales no pueden ir más allá de sus competencias legales y activar sus instrumentos -en este caso el uso de fondos públicos- «al servicio de ideas o proyectos políticos determinados que promuevan la autodeterminación, la promoción de la cual o defensa corresponde a otro tipo de instituciones». El requerimiento de información, asimismo, menciona que los ayuntamientos o entes municipales no pueden reconvertirse en «organizaciones de difusión o defensa de proyectos supranacionales», en referencia a la reivindicación de un Estado catalán independendiente.

El alcalde de Vic y adalid de la AMI, que abandonó Unió después de perder su pulso para conseguir que la formación apoyara abiertamente el camino soberanista, acusó el sábado a Llanos de Luna de «poner en cuestión la democracia y la representación del municipalismo en Cataluña». En declaraciones a Europa Press, Vila d'Abadal también tachó de «barbaridad» su requerimiento al ayuntamiento de Begues y denunció que «la AMI no le gusta y no le interesa». Según dijo, lo único que trata de hacer la delegada con su ofensiva legalista es tratar de «controlar» el movimiento soberanista.