El Presidente del Consell Assesor per la Transició nacional (CATN) ha presentado un informe sobre las vias legales para convocar un referéndum independentista en el que, en síntesis, se dice que la legalidad del mismo depende de la "voluntad política" del gobierno central. "Si el gobierno quiere se puede", viene a ser la conclusión. Plantea dos vías: la convocatoria por el propio estado o la cesión de la competencia. Las otras dos vías señaladas, la leyes catalanas sobre consultas, son puestas en cuestión por el propio CATN aunque siempre deja la puerta abierta a esa "voluntad política".

Que tan ilustres juristas hagan un informe tan político y tan poco jurídico entra dentro de lo normal en los dictámenes de parte. El cliente siempre tiene razón o, por lo menos, hay que darle argumentos para defender su postura. De lo contrario no se acepta el encargo.

No hace falta ser catedrático para saber que el argumento del CATN no se sostiene jurídicamente. Aun con la voluntad del gobierno central, este no tiene facultades para impulsar un referéndum inconstitucional. La Constitución no da margen para que el gobierno de turno o el Parlamento español apruebe una consulta soberanista. Como tampoco puede implantar la pena de muerte o abolir la Monarquía. La única forma legal de hacerlo es reformando la Constitución. No caben atajos. Para eso se hacen las constituciones, para que el gobierno de turno no imponga sus urgencias partidistas.

Una de las críticas más profundas al denominado proceso soberanista es que no es el resultado de una discusión amplia, madura y prolongada, sino una ocurrencia sacada por arte de magia por Artur Mas para dar contenido a una legislatura en la que ha decidido no gobernar hasta que lleguen tiempos económicos mejores.

La independencia no puede ser una decisión improvisada sacada con forceps por razones partidistas. Por ello si se quiere plantear con seriedad hay que plantear la reforma constitucional. Pero eso choca con los intereses de algunos partidos que creen que hay que aprovechar la coyuntura al margen de las leyes.

En estos casos siempre queda la vía de hecho. Pero la vía de hecho, además de los riesgos que comporta, exige una cuasi unanimidad de la población, algo que esta lejos de producirse hoy en Catalunya.