Situados de nuevo en el ruido de fondo que produce la corrupción institucional del Estado español, con un caso Bárcenas más propio de un mal ‘remake' de 'El Padrino III' que de un gobierno responsable, y aflorando nuevas conexiones políticas entra la presidencia del Tribunal Constitucional y el gobierno, una señal más de la inexistente independencia entre el poder judicial y el ejecutivo, el BCE ha aprobado hoy (18/07/2013) una medida para impulsar el crédito bancario a las pymes, algunas de las cuales están cerrando por carencia de financiación.

Para recibir dinero del banco emisor, los bancos comerciales aportan alguna garantía. La deuda pública subscrita por una entidad financiera con los depósitos de los clientes, por ejemplo, se considera un activo bancario de buena calidad (!) y le permite acceder directamente a la financiación del Banco Central con un coste mínimo del 0,5%. Con el nuevo acuerdo, activos bancarios de poca calidad (ABS o asset-backed-securities), provenientes de la titulización de hipotecas muchas veces incobrables, serán garantía suficiente para recibir la financiación privilegiada del banco emisor.

¿Será suficiente con esta medida para reactivar el crédito a las empresas y familias? Muy difícilmente. Los bancos comerciales continuarán invirtiendo el dinero en deuda pública del estado, que es, al fin y al cabo, quién los rescata, su amigo íntimo y avalador último, el garante de jugosas y fáciles operaciones de carry-trade. Por lo tanto, el círculo vicioso entre el estado y la banca continuará. Más del 40% de la deuda pública española está suscrita por bancos españoles, y esto supone una enorme concentración de riesgos. Tan sólo una pérdida de valor de la deuda pública superior al 8% sería suficiente para llevar otra vez el sistema financiero a la quiebra.

La regulación en la eurozona de la deuda pública en manos de las entidades financieras descansa sobre tres principios básicos:

1. La deuda pública es un activo sin ningún riesgo. Después de la experiencia de Grecia, donde se tuvieron que reconocer importantes haircuts en el valor de la deuda soberana, no hay ninguna razón para continuar manteniendo una regulación basada en la ficción de que la deuda pública no presenta riesgos.

La deuda del Estado escapa también a los modelos de evaluación y gestión de riesgos que utilizan las entidades financieras, privilegiados cómo están con la etiqueta "risk free".

2. La deuda pública se considera un activo líquido y seguro, una garantía o colateral plenamente suficiente para que el banco comercial obtenga financiación barata y, por ahora, ilimitada por parte del Banco Central.

3. La deuda pública disfruta de la exención del límite del 25% del capital. Como norma, y para diversificar riesgos, un banco no puede concentrar más del 25% de su capital en un solo prestatario o deudor. Este límite, sin embargo, no opera si el deudor es el estado, porque se considera que el estado no puede quebrar. La connivencia entre el estado y la banca es tan escandalosa que la regulación existente considera que la deuda pública no tiene ningún riesgo. El apalancamiento de la deuda pública soberana de España (deuda pública española en manos de los bancos / capital de los bancos españoles) es altísimo (137% en 2012), muy por encima de Francia (61%) o Gran Bretaña (50%).

Mucho se ha hablado de que esta crisis es culpa del "libre mercado" y de la "desregulación". Ni una cosa ni la otra. El epicentro de la grave crisis económica que estamos sufriendo se sitúa en el mercado financiero y el inmobiliario, los dos mercados menos libres y más intervenidos de unas economías ya de por si fuertemente tuteladas por el gobierno.

Por otro lado, el cumplimiento de normas jurídicas generales como el coeficiente de caja del 100% y la limitación de la tenencia de deuda pública, cumpliendo sin excepciones la norma existente, a un 25% del capital de la entidad financiera, contribuiría a romper el círculo vicioso entre el estado y la banca, y liberaría recursos para poder financiar a las pymes. El hecho de que esto, de momento, no sea posible, se debe de a una mala regulación y no a una pretendida "desregulación". Sufrimos los abusos de una regulación consciente y discrecional que privilegia a unos determinados sectores por encima de los otros. Muy destacadamente, la actual relación existente entre el estado y la banca, generadora de círculos viciosos perversos, descansa sobre la concesión de unos privilegios y tratos de favor mutuos que no pueden tener cabida en una sociedad próspera, libre y justa.