“Cuando pierdan el gobierno, no perderán el poder. Se habrán (re)incrustado en les instituciones y órganos del Estado, en organismos y empresas estratégicas, igual como lo estaba la derecha antes de la democracia”. Lo escribí en este diario el 3 de julio pasado con el título “Los desastres de una mayoría absoluta”. Entre las instituciones que citaba figuraba el Tribunal Constitucional. Entonces solo sabíamos que el reparto de inclinaciones en la composición del tribunal era favorable al PP. Aún no conocíamos la militancia del presidente del tribunal en el PP siendo ya magistrado.

Este hecho, éticamente y políticamente insostenible, que los interesados tratan de justificar jurídicamente, ha sido la piedra de escándalo en un país que parecía estar curado de espanto.
El presidente del TC, Francisco Pérez de los Cobos, no comparecerá ante el Congreso de los Diputados, como se ha pedido, para explicar la ocultación manifiesta de su militancia en el PP. Una vez más, la mayoría absoluta del PP impide que el parlamento ejerza la suprema función de control, de la cual en una democracia representativa avanzada ningún poder debería librarse.

Quien sí comparecerá, forzado por la presión de la oposición parlamentaria y de un difuso clamor popular, será el presidente del gobierno central, Mariano Rajoy. Lo hará en la fecha que ha escogido, el 1 de agosto, cuando muchos de los que puedan permitírselas estarán de vacaciones.

Irá al Congreso para hablar de las actividades de Luís Bárcenas cuando era tesorero del PP y hombre de confianza de la dirección del partido. Es ilusorio pensar que Rajoy se explicará sobre una realidad tan aplastante para el PP. Las actuaciones judiciales ya practicadas, los datos disponibles, los indicios, las hemerotecas, todo apunta a un presunto sistema de corrupción estructurado por el PP con la connivencia de determinados empresarios y donantes de fondos. Se sabía, y ahora tendría que oficializarse en las actas parlamentarias. Si así fuera, obligaría a la dimisión del presidente del gobierno y a la exigencia de responsabilidades a altos cargos del gobierno y del partido.

Rajoy dará su “versión” -así lo ha dicho-. Previsiblemente -aquella previsibilidad suya-, escamoteará los hechos, tergiversará las interpretaciones, tirará pelotas fuera, tantas como pueda. Será Rajoy una vez más, sin límites, sin vergüenza. Y todo continuará igual, hasta que también pierdan el poder.

La ocultación de hechos relevantes es una forma de mentira, y la mentira como practica de ocultación de formas fraudulentas de ejercicio del poder, de abuso del poder, de beneficiarse del poder, en las democracias avanzadas es un delito político grave que, descubierto y probado, obliga a dimitir a presidentes federales, a ministros, a altos cargos -como la historia comparada reciente muestra- además de las responsabilidades penales y civiles que puedan derivarse. Todo eso a él le resbala.