El pasado jueves coincidí con Salvador Cardús, miembro del llamado Consejo Asesor para la Transición Nacional, en una tertulia de radio en que, intentando justificar la idea de que en Cataluña se está dando un choque entre legitimidad y legalidad, estableció un paralelismo entre la independencia de los Estados Unidos en 1776 y una hipotética secesión de Cataluña en un futuro más o menos cercano. Entiendo que la tentación de compararnos aunque sólo sea por un instante con el nacimiento de la única superpotencia que haya existido nunca puede resultar muy atrayente, pero creo que convendría no forzar tanto los símiles porque podemos acabar cayendo en la caricatura.

Probablemente no vale la pena entrar a rebatir una analogía tan inconsistente, porque cualquier analista mínimamente ecuánime convendrá que no tiene nada a ver una cosa con la otra, pero el peligro de pasar por alto este tipo de ocurrencias es que, a base de repetirlas impunemente, pueden acabar calando en nuestro imaginario colectivo. Basta comprobar la frivolidad con que políticos y, en general, opinantes nacionalistas blanden un día tras otro los hechos de 1714 -es decir, la derrota del bando partidario del archiduque Carlos de Austria en la Guerra de Sucesión Española- para legitimar su proyecto secesionista trescientos años después. Es por eso que creo que conviene desmontar el paralelismo de Cardús antes de que se convierta en otro artículo de fe del credo independentista.

Por un lado, la independencia a finales del siglo dieciocho de trece colonias ultramarinas sometidas al poder omnímodo de un rey -Jorge III de la Gran Bretaña- que, acuciado por el crecimiento desmesurado de las deudas de la Corona a causa de la Guerra de los Siete Años, decide inopinadamente doblar la presión fiscal sobre sus colonias. El descontento se extiende entre los habitantes de las colonias, que no eran -quizás conviene recordarlo- ciudadanos de un Estado democrático de Derecho sino vasallos de un monarca con reminiscencias absolutistas, y llega a su punto álgido con el establecimiento de dos impuestos sobre el timbre y el té, respectivamente, que los colonos se niegan a pagar mientras la metrópoli continúe negándoles el derecho a enviar representantes al Parlamento de Londres. Recuérdese su lema: No taxation without representation.

Imbuidos, sobre todo, por el pensamiento liberal y contractualista de John Locke, los padres fundadores George Washington, Benjamin Franklin o Thomas Jefferson, entre otros, vieron como la Corona con su arbitraria política impositiva estaba conculcando sus derechos como ingleses reconocidos en la Carta de Derechos de 1689 (Bill of Rights). Esto junto con la ausencia de mecanismos legales para cambiar la situación empujó los colonos americanos a romper la legalidad vigente ondeando la bandera de la legitimidad de sus aspiraciones. Entonces, en un contexto colonial, protodemocrático y de incipiéncia del Estado de Derecho, tenía todo el sentido contraponer legalidad y legitimidad; pero ahora, en el marco de un Estado democrático de Derecho consolidado como el nuestro, legalidad y legitimidad son indisociables, por lo cual la comparación no tiene pies ni cabeza, salvo que se pretenda que Cataluña es una colonia que vive bajo el yugo de un Estado opresor.

Por desgracia, los argumentos corrompidos de este tipo menudean en nuestro debate político, sobre todo entre los partidarios del reconocimiento del derecho de autodeterminación del pueblo de Cataluña. Pues bien, en este sentido conviene recordar que, de acuerdo con la Resolución 2625 de la Asamblea General de la ONU, los catalanes ya nos autodeterminamos en la medida en que formamos parte de un Estado democrático de Derecho el Gobierno del cual representa al conjunto del pueblo o de los pueblos que lo habitan, basándose en los principios de libertad, igualdad y no discriminación. Es por eso que vale la pena deshacer el equívoco de una vez: el pueblo catalán en ningún caso puede ser sujeto del derecho de autodeterminación reconocido por la ONU, por lo cual paralelismos como el de Cardús sólo sirven para confundir el ciudadano común. El pueblo o los pueblos que conforman España tienen que lograr, siguiendo la doctrina de las Naciones Unidas, su autodeterminación en el marco del ordenamiento jurídico que los ampara, es decir, la Constitución y, en este caso, el Estatuto de Autonomía de Cataluña.

Así, pues, muchos catalanes agradeceríamos a los partidarios de la llamada eufemísticamente transición nacional que se declararan independentistas sin tapujos, de buena fe y no mediante la demagogia y la patraña, o en todo caso, que den explicaciones razonables de su posición, pero sin pretender convencernos de que esta es la consecuencia inevitable de la naturaleza perversa del Estado español, de su centralismo, de su catalanofóbia, etcétera, etcétera, porque con esto no hacen más que sublimar su proverbial victimismo. Nada nuevo bajo el sol.