El Gobierno ha aprobado este martes el proyecto de ley de gobiernos locales de Cataluña, que tiene como objetivos "determinar y clarificar las funciones de cada nivel de gobierno; asegurar la sostenibilidad financiera y la eficacia en la prestación de servicios; simplificar las estructuras administrativas y evitar duplicidades organizativas y de actuación".
La nueva ley, "uno de los acuerdos más importantes de la legislatura", según ha destacado el consejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno, Francesc Homs, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo Ejecutivo, "desarrolla las competencias exclusivas de la Generalitat, recogidas en el Estatuto", y evita la imposición de modelos que no son propios. "No consentiremos que se nos imponga un modelo foráneo", ha advertido el consejero, "porque estamos hablando de los servicios básicos que reciben los ciudadanos".
En este sentido, el consejero ha explicado que
el proyecto de ley española, aprobado recientemente por el Consejo de Ministros, "pone en peligro los servicios relacionados con el estado del bienestar" que prestan los entes locales, según un informe del Consejo Asesor de Políticas Sociales y Familiares (CAPSIF).
Según Homs, en el proyecto se respetan todos los municipios existentes en Cataluña, pero se fomentará la fusión voluntaria allá donde lo justifiquen motivos históricos, identitarios, geográficos y económicos. "No se puede pretender, ni siquiera insinuar, procesos de fusión que vayan en contra del sentido común, del sentimiento y de la historia de las propias localidades", ha afirmado el consejero, en referencia a la intención inicial del Gobierno español de suprimir municipios.
En cuanto a los consejos comarcales, se convierten en el principal ente de gestión mancomunada de servicios locales. Además, serán los encargados de gestionar los servicios mínimos municipales, cuando los municipios no logren los estándares mínimos de calidad. "Los consejos comarcales han dado un servicio extraordinario durante estos 25 años y la ley refuerza esta vocación de servicio público", ha asegurado Homs.
Desaparecen los consejeros comarcales como cargos de representación política, lo cual representa la disminución de 1.034 cargos públicos remunerados. Así mismo, los consejos comarcales del área Metropolitana de Barcelona se reducen o desaparecen.
El texto también reconoce el derecho a la retribución de los representantes locales y se establece que la ley de presupuestos de la Generalitat fijará anualmente los límites máximos a percibir de acuerdo con el tipo de ente local, la población, la capacidad financiera y las tareas y funciones asignadas en cada caso. Además, los municipios, los consejos comarcales y las vegueries tendrán que disponer de un portal de la transparencia, que se tendrá que integrar en el Portal de la Transparencia de la Generalitat.