Una de las funciones esenciales en cualquier democracia es evitar los abusos de las mayorías sobre los derechos fundamentales de los individuos o de los grupos minoritarios. Constreñir, en definitiva, el poder fáctico o “fuerza” de las mayorías. Varios ejemplos prácticos de la realidad más inmediata los podemos obtener de Turquía y de Egipto. Erdogan y Morsi son dos presidentes de gobiernos elegidos para ejercer el poder mediante la regla de las mayorías a través de elecciones plurales y periódicas.

El partido de Erdogan (Partido de la Justicia y el Desarrollo) obtuvo en las últimas elecciones generales de Turquía (2011) el 50% de los votos. Y Morsi también ganó por mayoría las elecciones presidenciales de Egipto en 2013. Y sin embargo, ambos están siendo cuestionados en su “legitimidad democrática” por las minorías: Erdogan y Morsi han utilizado el poder para subvertir las respectivas constituciones con el fin de satisfacer las aspiraciones de la mayoría islamizada y limitar los derechos humanos individuales de carácter fundamental del conjunto de su población, en especial, los vinculados a la no confesionalidad del Estado. La mayoría, por su fuerte fe islámica, acepta esas limitaciones. Otros en minoria, carentes de fe islámica o que no quieren que la misma domine la vida pública, las rechazan. Morsi ha sido, de hecho, derrocado por un golpe de Estado que se apoyaba en estas reivindicaciones democráticas de las minorías egipcias.

Resulta seguramente paradójico todo ello. Pero es que la democracia no es, pese a la insistencia machacona de ciertos líderes políticos y mediáticos en Cataluña, el ejercicio ilimitado de la fuerza política que ostenta una mayoría parlamentaria o social. El sentido de la democracia actual se ha establecido por la Comunidad Internacional sobre tres pilares de igual valor:

a) Elecciones libres, plurales y periódicas para acceder al poder;
b) Respeto a los derechos fundamentales de los individuos en el ejercicio del poder;
c) y Estado de Derecho -también aludido como primacía del Derecho o principio de legalidad, esto es, los poderes públicos están sometidos al Derecho-.

Obviamente, la celebración de elecciones plebiscitarias, consultas directas o referéndums, no forma parte del núcleo duro de las democracias occidentales modernas. La experiencia revolucionaria sádica francesa posterior a 1789 y los abusos de la democracia directa del nacionalsocialismo alemán e italiano del período de entreguerras, proyectaron fuera de la esencia de las democracias contemporáneas a los plebiscitos o sus sucedáneos -curiosamente los partidos de Hitler y de Mussolini procedían de escisiones de los partidos socialistas alemán e italiano. Mussolini fue incluso el secretario general del Partido Socialista Italiano. Estas escisiones añadieron a las ideas socialistas fuertes dosis de patriotismo de raíces historicistas-. Esa idea de jugárselo todo a una carta, blanco o negro, una vez asegurado el control social, nada tiene que ver con la “legitimidad democrática”. Sólo con dar rienda suelta a los instintos más primarios.

Obviamente, tampoco forma parte del fundamento de las democracias constitucionales del mundo el derecho a la secesión de una parte del territorio por la vía de una consulta directa. Ninguna constitución democrática del planeta lo contiene, ni tan siquiera la de los Estados federales como EEUU o Suiza.

Los seres humanos han construido pacientemente esa odiosa técnica social de ordenación de conductas humanas, desconocida entre otros primates, que denominamos Derecho, y que conduce al sistema organizativo que denominamos Estado Democrático y de Derecho. Con sus imperfecciones, es la garantía fundamental de los derechos de los individuos y de las minorías. Y en democracia, unas veces se estará en mayoría y otras en minoría, pero todos gozarán siempre de los mismos derechos fundamentales asegurados por la Ley frente a las fluctuaciones políticas.

Admirados miembros del “Consell per la Transició Nacional”. Cuando vuelvan a escribir sobre la “legitimidad democrática” y su supuesta disociación con la “legalidad democrática”, por favor, disparen menos cañonazos de grueso patriótico y apliquen un ligero barniz intelectual para cubrir las mínimas apariencias. O este país se acabará pareciendo al Planeta de los Simios. Intenten aprender algo de la filosofía del ser humano como “ser del límite” como escribía el malogrado Eugeni Trias. Busquen en E. Kant alguna idea de lo que se considera la Modernidad en la Historia del pensamiento moral. Lean a H. Kelsen. No se apresuren tanto en escribir informes espurios desde un punto de vista conceptual.

¿Qué tratan de asegurar tan voluntariosamente mis insignes colegas universitarios?

¿Que los escasos dineros que repartirá la Generalitat en proyectos de investigación en ciencias sociales y jurídicas durante los próximos años vayan a parar a sus grupos de investigación de la Universidad?

¿El Dr. Rafael Grasa Hernández (miembro del CTN) que no le aparten del suculento puesto de Presidente del prescindible Intitut Català Internacional per la Pau, organismo público dependiente de la Generalitat montado durante el tripartito?

¿El Dr. Enoch Albertí (miembro del CTN) que le sigan llegando sustanciosos informes del Institut d’Estudis Autonòmics de Catalunya ahora que de allí salen menos recursos? (Que cualquier periodista de investigación haga el trabajo de pedir cuántos informes/proyectos ha cobrado, está cobrando y cobrará el Dr. Enoch Albertí del Institut d’Estudis Autonómics de Cataluña).

Claro, es una coincidencia que otro miembro del CTN sea Carles Viver Pi i Sunyer del que sólo se recuerda que fue magistrado del TC, pero no que es el actual Director del Institut d’Estudis Autonòmics de Catalunya, otro organismo público dependiente de la Generalitat. Y así los demás.

¿Han desarrollado su actividad “gratia et amore”? No, agradecen las facturas cobradas y estarán los primeros de la cola en los repartos futuros. No se muerde la mano que te alimenta, ni se escupe en el plato donde comes.

Gato por liebre.